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Hemos asistido en los tres últimos años a comprobaciones masivas del IRPF en lo referente a las dietas percibidas por los contribuyentes, declaradas como exentas de tributación. La Agencia Tributaria consciente del abuso de esta vía para retribuir mas sin aumentar el coste fiscal, inició expedientes de comprobación ( y con la ocurrencia de empezar por los ejercicios próximos a prescribir).

Y tales comprobaciones tributarias han sido rentables, dada la imposibilidad en muchos casos de acreditar la realidad de los desplazamientos de los trabajadores, los motivos y razones de los mismos.

El TEAC en una reciente resolución aclara quién debe justificar las dietas y qué debe justificar cada parte ( empresa y empleado).

Así , los gastos de locomoción( si son en vehículo privado ) y los gastos de manutención, deben ser acreditados por la empresa( el pagador), quién deberá acreditar el día, lugar del desplazamiento, motivo o razón del mismo. Si el trabajador dispusiera de algún medio de prueba, puede justificar la dieta.

Los gastos de estancia y los gastos de locomoción ( vehículo público) debe en principio justificarlo el trabajador.

Por tanto , ojo al dato empresas y empleados.

Sevilla a 23 de noviembre de 2018.

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

Economista. Socio. Bufete Delgado-Lamet&Asociados

* Artículo originalmente publicado en el Diario Expansión en su edición de 5 de noviembre de 2018.

 

Es esta la pregunta que a consecuencia del cambio de criterio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre quien tiene la condición de sujeto pasivo del impuesto, tiene soliviantada y expectante a la ciudadanía y en particular a las entidades financieras y ocupados, con inusitado interés, a los medios de comunicación.

Ciertamente, al menos en perspectiva de futuro, la pregunta es un tanto ingenua pues, de un modo u otro, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados lo pagará el prestatario y no las entidades financieras, probablemente a través de la subida de los intereses u otros conceptos para evitar que la traslación de la carga impositiva pudiera ser calificada como una cláusula abusiva al amparo del art. 89 de la Ley de Defensa de los Consumidores.

La traslación económica de los tributos que gravan la actividad económica es algo bien conocido y acreditado por más que de manera sorprendente se ignore con frecuencia por el legislador a la hora de establecer los tributos o modificar los mismos.

Ello sucede cuando el obligado a pagarlos a la Hacienda Pública tiene la posibilidad de repercutirlos a terceros por tener poder de mercado para ello. En definitiva, por tener poder para fijar los precios.

Es evidente que las entidades financieras tienen en gran medida, sino en toda ella, este poder al actuar las mismas en un mercado oligopolista, con muy pocos actores cuyo número, además, se ha ido reduciendo en los últimos años.

Ocupémonos ya de quien ha de ser considerado como sujeto pasivo del impuesto por la constitución de la hipoteca. En definitiva quién debe pagar el impuesto a las distintas Haciendas Públicas de las Comunidades Autónomas que lo recaudan.

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