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* Artículo originalmente publicado en el Diario Expansión en su edición de 5 de noviembre de 2018.

 

Es esta la pregunta que a consecuencia del cambio de criterio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre quien tiene la condición de sujeto pasivo del impuesto, tiene soliviantada y expectante a la ciudadanía y en particular a las entidades financieras y ocupados, con inusitado interés, a los medios de comunicación.

Ciertamente, al menos en perspectiva de futuro, la pregunta es un tanto ingenua pues, de un modo u otro, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados lo pagará el prestatario y no las entidades financieras, probablemente a través de la subida de los intereses u otros conceptos para evitar que la traslación de la carga impositiva pudiera ser calificada como una cláusula abusiva al amparo del art. 89 de la Ley de Defensa de los Consumidores.

La traslación económica de los tributos que gravan la actividad económica es algo bien conocido y acreditado por más que de manera sorprendente se ignore con frecuencia por el legislador a la hora de establecer los tributos o modificar los mismos.

Ello sucede cuando el obligado a pagarlos a la Hacienda Pública tiene la posibilidad de repercutirlos a terceros por tener poder de mercado para ello. En definitiva, por tener poder para fijar los precios.

Es evidente que las entidades financieras tienen en gran medida, sino en toda ella, este poder al actuar las mismas en un mercado oligopolista, con muy pocos actores cuyo número, además, se ha ido reduciendo en los últimos años.

Ocupémonos ya de quien ha de ser considerado como sujeto pasivo del impuesto por la constitución de la hipoteca. En definitiva quién debe pagar el impuesto a las distintas Haciendas Públicas de las Comunidades Autónomas que lo recaudan.

OBJETO DE LA SENTENCIA. -

Determinar si el medio de comprobación consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, es ajustado a derecho. Art. 57 1 b) LGT.

DOCTRINA. -

El valor real de los bienes y por tanto la base imponible del ITP y AJD no puede determinarse mediante la aplicación de este medio.

COMENTARIO. -

El valor real es el valor de mercado.

Para determinar dicho valor, se ha de atender a los precios medios existentes en el mercado (valores de mercado) que se han de ajustar conforme a las características objetivas del bien transmitido (estado de conservación, situación, arrendamiento, etc.

El medio de comprobación enjuiciado, por su generalidad, no sirve para determinar el valor real del bien.

A nuestro juicio, la doctrina establecida en la Sentencia es correcta.

Recurso de Casación 2070/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco José Navarro Sánchez

  1. Precepto interpretado: Artículo 32 1 Ley 35/2006 de 28 de noviembre del IRPF.

“Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por 100.

El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimiento”.

Miércoles, 10 Enero 2018 00:00

VARAPALO DEL TRIBUNAL SUPREMO A HACIENDA

Varapalo del Tribunal Supremo a la voracidad recaudatoria de la Agencia Tributaria manifestada en la masiva imposición de sanciones tributarias.

La Sentencia de diciembre de 2017 recoge :

"la exigencia de motivación no se satisface con una larga exposición de hechos y resumen de alegatos, requiere un precioso , puntual y concreto análisis de la conducta del infractor..."

El mero quebrantamiento de la norma fiscal no implica la culpabilidad en el infractor, ni tan siquiera a título de negligencia. Es necesaria la presencia del elemento subjetivo en la culpabilidad, mediante la motivación del expediente sancionador.

No vale el mero automatismo para sancionar, como tantas veces sucede y de lo que se extraña el Alto Tribunal.

Por tanto, buena Sentencia

Las notificaciones electrónicas enviadas por Hacienda a los contribuyentes con hojas en blanco son nulas, porque generan indefensión, ha concluido el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de noviembre de 2016.

La notificación por medios telemáticos de los actos administrativos no debe ser un obstáculo para su impugnación, sino que debe facilitar el ejercicio de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, argumenta el Alto Tribunal.

En algún momento ya hemos dado cuenta del creciente criterio jurisprudencial de los Tribunales en base al cual vienen a concluir que si no ha habido incremento patrimonial en la transmisión de un inmueble no ha lugar a la plusvalía municipal.

Así lo ha recogido en la reciente Sentencia de marzo de 2016 contra el Ayuntamiento de Jaén o contra el Ayuntamiento de Fuengirola, acordando el Tribunal anular la plusvalía municipal girada.

Por tanto, damos la bienvenida a estos pronunciamientos jurisprudenciales.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón en una Sentencia de Julio de 2016, ha resuelto que los intereses de demora abonados por una sociedad liquidados en actas de inspección son gastos fiscalmente deducibles. Tumba así el criterio que viene manteniendo la Inspección de Hacienda, que no es otro que la Resolución del TEAC, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y que tal como hemos indicado en este blog es contrario al propio criterio de la Dirección General de Tributos, el cual afirma la deducibilidad de los intereses de demora.

Por tanto es una buena noticia y conforme a la misma recomendamos impugnar las liquidaciones que se giren por tal motivo.

Hacienda : No vale "pájaro que vuela a la cazuela". Es decir, no toda liquidación provisional, acta de inspección, que resulte cuota a ingresar, debe de llevar inexorablemente una sanción a ingresar a la Hacienda Pública. No.

Eso es lo que viene a sostener el Tribunal Supremo en dos recientes Sentencias que traemos a colación .

Sentencia de 28 de abril de 2016 y Sentencia de 4 de julio de 2016, , en las cuales el Alto Tribunal viene a concluir que el ´órgano sancionador debe en primer lugar probar la culpabilidad del contribuyente y tiene la carga de ello y además debe valorar la intencionalidad concreta del contribuyente en la conducta que se le imputa, no siendo suficiente la simple y genérica afirmación que siempre es la misma, por el corta y pega, de que no se aprecian dudas interpretativas razonables.

Por tanto, damos la bienvenida al criterio del Tribunal Supremo.

Viernes, 16 Diciembre 2016 00:00

EL TRIBUNAL SUPREMO Y EL ENTRETENIMIENTO

Interesante Sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2016 en la cual se concluye que una actividad empresarial secundaria y de entretenimiento realizada por un contribuyente que a su vez, realiza otra actividad empresarial que es su principal y distinta de la anterior, es también actividad empresarial a efectos del IRPF y aunque tenga reiteradamente pérdidas y sea de entretenimiento.

Obviamente, la Agencia Tributaria había rechazado la deducción de las pérdidas de la actividad de entretenimiento con los beneficios importantes de la actividad principal desarrollada por el contribuyente.

Por tanto, interesante el fallo del Alto Tribunal.

Para la calificación del arrendamiento o compraventa de inmuebles ha de atenderse a la actividad en su conjunto, existiendo actividad económica cuando se produce una ordenación de medios para desarrollar una actividad, que excede de la compraventa o arrendamientos, englobándose dentro de la promoción inmobiliaria.

Por tanto, interesante el fallo del Alto Tribunal de junio de 2016.

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