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Interesante Resolución del TEAC en materia de notificaciones.

Un particular inició un procedimeinto ante la Administración Tributaria en el cual indicó expresamente el domicilio a efectos de notificaciones el citado procedimiento, distinto de su domicilio fiscal. La AEAT notificó por dos veces en el domicilio señalado en el expediente sin éxito alguno y procedió en consecuencia a la notificación por comparecencia.

El TEAC en recurso de alzada para la unificación de doctrina considera que a pesar de los dos intentos fallidos de las notificaciones en el domicilio indicado, antes de acudir a la notificación por comparecencia, es necesario agotar otras posibilidades por la Administración, concretamente acudir al domicilio fiscal del particular a través de las bases de datos de la Administración o la consulta del expediente.

Por tanto, buena Resolución

Miércoles, 16 Marzo 2016 12:55

BUENA SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID

Así es y confirma otra del mismo Tribunal. En el recurso de reposición ante la propia Administración pueden invocarse motivos y presentarse documentación distinta a los aportados en las alegaciones previas, siempre que sirvan para la pretensión que se formula.

Traemos a este blog una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 29 de junio de 2015 en la cual un iluso contribuyente del IRPF practicó una deducción en la autoliquidación del IRPF del año 2007 por importe de 450'98 Euros, en la parte que entendía de su contribución a la participación en gasto militar.

El contribuyente demandante entendía que la objeción de conciencia fiscal debe ser admitida en el ordenamiento jurídico y pretendía no pagar aquella parte de sus tributos va destinada a sufragar gastos militares ( se basaba en datos estadísticos y teoricos para determinar los 450'98 Euros).

Obviamente el Tribunal desestima la tesis del contribuyente y le condena al pago de las costas procesales.......

Lunes, 06 Abril 2015 00:00

ANALISIS DE JURISPRUDENCIA RECIENTE

1.- La Administración tiene dos oportunidades. (El ciudadano sólo una).

S. Tribunal Supremo, 15 de septiembre de 2014 (RJ/2014/5117)

Una liquidación tributaria anulada (normalmente por motivos de forma) se puede volver a practicar de nuevo una sola vez. Dos no porque ello iría contra el principio de buena fe.

¿Y no va también contra dicho principio (y desde luego contra el de legalidad) la que se practica en sustitución de la anulada?

Es evidente que la buena fe es una cuestión de cantidad para nuestro Tribunal Supremo.

Así lo recoge el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Sentencia de 26 de febrero de 2015 .

"Las sociedades y entidades mercantiles se rigen y guían su comportamiento por el sentido económico de su actuación, pero las personas pueden obrar por otros motivos distintos de los puramente económicos"

Hacienda pretendía imputar un incremento de patrimonio no justificado a un matrimonio porque tenían en metálico 500.000 Euros en su casa y habían solicitado un préstamo hipotecario de 120.000 Euros para comprar una segunda vivienda.

El matrimonio sacó el dinero de sus cuentas 9 meses antes.

El inspector argumentaba que :

"Carece de sentido económico mantener en caja unas sumas tan elevadas durante más de nueve meses"

Y aquí es donde el fallo rechaza el argumento de Hacienda en base a lo arriba indicado.

Hace escasos días el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS en sus siglas inglesas) hacía público el laudo por el cual ratificaba la decisión de la UEFA de no dejar al Málaga CF participar en competiciones europeas debido a sus deudas.

Desde el seno del club malaguista se ha deslizado la posibilidad de acudir a la Justicia Ordinaria para recurrir tal decisión, pero esta intención creemos que en caso de llevarse a cabo sería más de cara a la galería y a sus aficionados que pensando en virar el resultado jurídico del laudo del TAS y lo explicamos a continuación.

En primer lugar puede que a algunos le llame la atención el por qué en caso de acudir a la justicia ordinaria ésta sea la suiza y no la española. Debemos aclarar en primer lugar que nos encontramos ante un procedimiento arbitral, en el cual prima ante todo la voluntad de las partes la cual se suele plasmar mediante una cláusula arbitral que determina las líneas a seguir en caso de conflicto (básicamente el quién y el cómo te arbitraran). En este caso, son las propias Federaciones -y por extensión los equipos que la conforman- las que en aras a una mayor rapidez y eficacia (los tiempos del  arbitraje están muy determinados y no se pueden prolongar hasta el infinito como ocurre a menudo en la Justicia Ordinaria y además los árbitros que resolverán suelen estar especializados en los temas en los que deben resolver) deciden que sus divergencias en el plano internacional se resuelvan mediante arbitraje tutelado por el TAS.

El pasado 21 de noviembre de 2012 fue publicada en el BOE la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que vienen a aplicarse determinadas tasas por el acceso a la tutela judicial.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14301

La primera dificultad que ha supuesto la publicación de la norma es la de situar el momento a partir del cual ésta será aplicada en la práctica. Efectivamente, aunque la norma prevé su entrada en vigor el día posterior a su publicación (22 de noviembre de 2012), no es posible en la actualidad liquidar su importe, ya que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas todavía no ha publicado la Orden que regulará los procesos y formularios de autoliquidación de la Tasa.

Le dejamos a su disposición el artículo publicado para la revista LA TOGA del Socio Director del bufete D. Antonio Delgado González sobre la ley 10/2012 de Tasas en la Administración de Justicia que a buen seguro será de interés detodos nuestros lectores.

PRIMERA.-  DEL CARÁCTER LIMITADO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 20/2012.

Conforme al Preámbulo de la Ley su sostén es la Sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, del Tribunal Constitucional.

No obstante, visto el contenido de la Ley, la Sentencia referida no puede ser sostén de la misma por su carácter limitado y por venir referida a una ley anterior, la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, que aunque regulaba también  las tasas judiciales tenía un contenido muy distinto, mucho más limitado, que la actual.

Viernes, 17 Septiembre 2010 12:23

NUEVO PLAN DE TARDE PARA LOS ÓRGANOS JUDICIALES

Leemos en Jurisevilla que la Consejería de Gobernación y Justicia pone en marcha, a partir del 1 de septiembre, un nuevo Plan de Tardes en 246 órganos judiciales de Andalucía, con el objetivo de reducir el nivel de asuntos pendientes en la comunidad autónoma. La medida supone un incremento del 52,7% en el número de órganos en los que se va a actuar en relación con el anterior plan puesto en marcha en 2009, cuando se intervino en 161 unidades judiciales. El nuevo Plan de Tardes, que afectará a 214 juzgados y 33 servicios comunes, es un programa de carácter extraordinario propuesto para aquellos órganos que, en los últimos tiempos, han experimentado un mayor número de entrada de asuntos, como son, principalmente, los juzgados de Primera Instancia y mixtos, así como los servicios comunes de notificaciones y embargos y los servicios comunes de Partido Judicial, por el aumento detectado en sus cargas de trabajo.

Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de diciembre de 2009. Bajo la vigencia de la anterior Ley General Tributaria la Sentencia reseñada considera que al amparo del principio de personalidad de la pena, no se puede exigir la sanción al sucesor, sanción impuesta antes al sucedido. La doctrina creemos es correcta. Ahora el artículo 42  1  c) de la Ley 58/2003, actual Ley General Tributaria, establece que el sucesor ha de responder de las sanciones. La Sentencia de la Audiencia Nacional invita a solicitar el planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad sobre este precepto por posible infracción del artículo 25 de la Constitución ante el Órgano Judicial correspondiente con motivo de recurso interpuesto contra la exigencia de dicha responsabilidad y con igual fundamento: el principio de personalidad de la pena, presente tanto en el orden penal como en el sancionador administrativo y en particular en el tributario.

Podéis acceder a la sentencia de la Audiencia Nacional pinchando aquí:Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de diciembre de 2009

 

Fdo.- Antonio F. Delgado González

Abogado. Doctor en Derecho

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