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Antonio M. Puntas Prado

Antonio M. Puntas Prado

Licenciado en Economía. Universidad de Sevilla. 1993-1998.

        Master en Tributación. Instituto de Estudios El Monte, escuela de negocios perteneciente a la Caja de Ahorros El Monte 1999-2000.

El Tribunal Supremo en reciente Sentencia de 28 de Enero de 2010, confirma las tesis de la Inspección de Hacienda, aplicando la Ley 61/1978 del Impuesto sobre Sociedades ya derogada pero plenamente aplicable actualmente, a la hora de aplicar intereses y a valor normal de mercado, por existir una disponibilidad de capitales durante largos periodos de tiempo entre entidades vinculadas. Una sociedad  financió a otra entidad participada. Señala el Alto Tribunal “ el mantenimiento de saldos durante largos períodos de tiempo, sin retribución alguna, supone un medio de financiación , que en situación de vinculación, distorsiona las bases imponibles que habría de corresponder a cada una de las partes”. Por tanto, cuidado con los préstamos entre sociedades vinculadas.

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

Martes, 22 Junio 2010 13:38

BUENA SENTENCIA EN MATERIA DE IBI

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares,  en Sentencia 70/2010 de uno de febrero de de 2010,  ha resuelto que los contribuyentes pueden recurrir la valoración catastral del inmueble si no están de acuerdo con la misma,  al momento  de recibir cada liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Recordamos que la valoración catastral será determinante en cuota final a pagar por la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Hasta ahora sólo era posible recurrir la valoración catastral de los inmuebles cuando se notificaba la valoración de los mismos de manera individual tras haberse fijado la misma. Con este pronunciamiento se abre la puerta para que los contribuyentes impugnen los valores catastrales en cada liquidación anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El inconveniente que observamos a nuestro juicio, es que la Sentencia carece de argumentos jurídicos concluyentes.

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

La Dirección General de Tributos en Resolución vinculante de 23 de febrero de 2010, (V0344-10),  considera que no son una pérdida patrimonial a efectos de su integración en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los gastos soportados por un matrimonio derivados del alquiler de una vivienda que tuvieron que sufragar al no haber podido habitar la vivienda adquirida a una promotora, por ausencia de las condiciones para ello. Tampoco serían pérdida patrimonial los gastos de defensa jurídica. No se pronuncia la Dirección General de Tributos la indemnización y los intereses legales a satisfacer por parte de la promotora a los adquirentes derivada de la Sentencia favorable. A nuestro juicio, debe de seguir el criterio mantenido respecto de los gastos del alquiler y defensa jurídica. Sevilla, Mayo de 2010.

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

Lunes, 15 Marzo 2010 18:53

VARAPALO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

La Dirección General de Tributos en resolución vinculante de 25 de Enero de 2010 ha considerado que el activo de una sociedad formado por paneles solares, que consisten básicamente en paneles móviles anclados por fijaciones al suelo, susceptibles de ser montados y desmontados, denominados coloquialmente como huertos solares, tiene la calificación de bien inmueble a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados. De acuerdo con ello, la transmisión de la totalidad de las acciones de una sociedad,  cuyo activo esté compuesto en más de un 50% por un huerto solar, incluso sobre terrenos arrendados, le será de aplicación la cláusula anti-abuso establecida en el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, quedando, a juicio de la Dirección General de Tributos, gravada la transmisión por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, como si se tratara de un inmueble. No nos parece acertado el pronunciamiento de la Dirección General de Tributos.

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

La Dirección General de Tributos en consulta vinculante de 3 de agosto de 2009,  ha realizado una interpretación flexible de los requisitos para gozar de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios establecida en el Impuesto sobre Sociedades. Establece el artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que la reinversión se ha de efectuar por la sociedad que obtiene el beneficio extraordinario susceptible de aplicar el incentivo. No obstante, en la citada resolución considera el órgano del cual emana la doctrina administrativa, que existe una excepción

aquellas situaciones en las que esté perfectamente evidenciado que por cualquier motivo existe algún impedimento que imposibilita acometer la inversión directamente y se hace necesario la interposición de otra sociedad en cuyo caso sería admisible que se aportara capital a una entidad totalmente participada de nueva constitución para financiar inversiones en elementos afectos a actividades económicas, de forma que éstos elementos podrían considerarse como materialización de la reinversión de la entidad  que obtiene el beneficio extraordinario”.
Martes, 16 Febrero 2010 19:56

BUENA NOTICIA PARA LOS BUENOS ESTUDIANTES

La Dirección General de Tributos incentiva a los estudiantes. En Resolución de 15 de Abril de 2008, considera exento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,  el premio extraordinario de bachillerato obtenido por un estudiante, formado por una cantidad  en dinero y la gratuidad de los gastos de matriculación en el primer curso de universidad. Considera Tributos que, al estar la concesión del premio basado en criterios de mérito y capacidad, se ha de equiparar el mismo a la obtención de una beca pública para cursar estudios, exenta en el Impuesto, conforme a lo establecido en el artículo 7. j) de la Ley de IRPF y su reglamento de desarrollo. En cualquier caso, no hay que olvidar que la exención tiene un límite general, actualmente  en 3.000 Euros, aunque hay otros límites específicos, superiores. Por tanto, una buena Resolución.

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

Jueves, 11 Febrero 2010 14:18

BUENA SENTENCIA PARA LAS EMPRESAS

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en Sentencia de 23 de Noviembre de 2009,  ha anulado la sanción impuesta por la Dependencia de Inspección de la Agencia Tributaria a una sociedad por no presentar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes a los meses de octubre y diciembre. La base de cálculo de la sanción impuesta por la Dependencia de Inspección giró sobre la cuota a ingresar de las liquidaciones de las actas firmadas en conformidad correspondientes a los pagos fraccionados,  cuando la liquidación del ejercicio en cuestión resultó negativa, al arrogar pérdidas la sociedad en el citado ejercicio. Argumenta la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Murcia que la Administración no puede abstraerse de:

la suerte que corra la liquidación” para calcular base sobre la que sancionar sino que “debió tener en cuenta el resultado final de la liquidación del ejercicio para concretar la base de cálculo de la sanción” .

Considera el Tribunal que se debió de acudir al quebranto económico que sufrió la Administración, es decir a los intereses de demora, como base para imponer la sanción por infracción tributaria. Por tanto, una Sentencia con sentido común.

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

Recordamos a continuación el nuevo criterio para contabilizar el ingreso por las ventas de inmuebles en fase de construcción  por parte de sociedades promotoras,  establecido por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas en Consulta nº 8  de 1 de Junio de 2008, en base al nuevo Plan General de Contabilidad. Conforme al citado pronunciamiento, el momento para registrar el ingreso de la venta de inmuebles en construcción será cuando el promotor haya transmitido los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del inmueble,  con independencia de la transmisión jurídica y no retenga el control del inmueble transmitido así como no ostente la gestión del mismo. A diferencia del criterio establecido en el Plan General de Contabilidad vigente hasta 31 de Diciembre de 2007, con el nuevo criterio no se podrá contabilizar la venta cuando se haya incurrido en un 80% de los costes de la construcción,  dado que no se entiende que se haya transmitido los riesgos y beneficios del inmueble. El ingreso de la venta se registrará cuando el inmueble se encuentre prácticamente terminado, pudiéndose considerar a estos efectos el certificado final de obra,  y se ha haya otorgado la escritura pública de compraventa o en su defecto, el vendedor haya hecho algún acto de puesta a disposición del inmueble al comprador. En todo caso, habrá que hacer un análisis individualizado de las condiciones contractuales de cada operación.

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

La Dirección General de Tributos  en consulta vinculante de 25 de noviembre de 2009,  ha modificado el criterio que venía manteniendo  en relación con el cambio de destino que las promotoras daban a las viviendas que no lograban vender,  derivado todo ello de la situación actual del mercado inmobiliario. De tal forma, el arrendamiento con opción a compra de las viviendas que inicialmente promovidas para la venta, no son transmitidas, no implica la realización del hecho imponible sujeto a IVA, denominado “autoconsumo de bienes”. Es requisito es que se deduzca de los contratos de arrendamiento el mantenimiento de la intención de venta de las viviendas arrendadas por el promotor. Conforme al anterior criterio de la Dirección General de Tributos, último pronunciamiento en octubre de 2008,  resultaba más gravoso al tener el promotor que auto-repercutirse el IVA,  el cual no era deducible al ser el arrendamiento de viviendas una operación exenta de IVA sin derecho a la deducción.

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

Es deducible el IVA soportado por una empresa derivado de asumir el coste ya sea directa o indirectamente a través de terceros,  del servicio de comedor o transporte para sus empleados a pesar de ser gratuito o parcialmente gratuito para éstos. Así se ha pronunciado recientemente la Dirección General de Tributos en diversos pronunciamientos en aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, (Asunto C-258/95),  modificando su anterior criterio. Fdo. Antonio M. Puntas Prado

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