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Antonio F. Delgado González

Antonio F. Delgado González

Inspector de Hacienda del estado (excd.)

-          Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto (Bilbao)

-          Doctor en Derecho por la universidad de Sevilla

-          Graduado en Ciencias Empresariales por el ICADE (Madrid)

* Artículo originalmente publicado en el Diario Expansión en su edición de 5 de noviembre de 2018.

 

Es esta la pregunta que a consecuencia del cambio de criterio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre quien tiene la condición de sujeto pasivo del impuesto, tiene soliviantada y expectante a la ciudadanía y en particular a las entidades financieras y ocupados, con inusitado interés, a los medios de comunicación.

Ciertamente, al menos en perspectiva de futuro, la pregunta es un tanto ingenua pues, de un modo u otro, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados lo pagará el prestatario y no las entidades financieras, probablemente a través de la subida de los intereses u otros conceptos para evitar que la traslación de la carga impositiva pudiera ser calificada como una cláusula abusiva al amparo del art. 89 de la Ley de Defensa de los Consumidores.

La traslación económica de los tributos que gravan la actividad económica es algo bien conocido y acreditado por más que de manera sorprendente se ignore con frecuencia por el legislador a la hora de establecer los tributos o modificar los mismos.

Ello sucede cuando el obligado a pagarlos a la Hacienda Pública tiene la posibilidad de repercutirlos a terceros por tener poder de mercado para ello. En definitiva, por tener poder para fijar los precios.

Es evidente que las entidades financieras tienen en gran medida, sino en toda ella, este poder al actuar las mismas en un mercado oligopolista, con muy pocos actores cuyo número, además, se ha ido reduciendo en los últimos años.

Ocupémonos ya de quien ha de ser considerado como sujeto pasivo del impuesto por la constitución de la hipoteca. En definitiva quién debe pagar el impuesto a las distintas Haciendas Públicas de las Comunidades Autónomas que lo recaudan.

OBJETO DE LA SENTENCIA. -

Determinar si el medio de comprobación consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, es ajustado a derecho. Art. 57 1 b) LGT.

DOCTRINA. -

El valor real de los bienes y por tanto la base imponible del ITP y AJD no puede determinarse mediante la aplicación de este medio.

COMENTARIO. -

El valor real es el valor de mercado.

Para determinar dicho valor, se ha de atender a los precios medios existentes en el mercado (valores de mercado) que se han de ajustar conforme a las características objetivas del bien transmitido (estado de conservación, situación, arrendamiento, etc.

El medio de comprobación enjuiciado, por su generalidad, no sirve para determinar el valor real del bien.

A nuestro juicio, la doctrina establecida en la Sentencia es correcta.

Recurso de Casación 2070/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco José Navarro Sánchez

  1. Precepto interpretado: Artículo 32 1 Ley 35/2006 de 28 de noviembre del IRPF.

“Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por 100.

El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimiento”.

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad, “a medias”, del Impuesto.

Podrá seguir siendo aplicado pero no en aquellos casos en los que no haya plusvalía.

En definitiva lo mismo, que de modo general, venía siendo considerado desde hace tiempo por los Tribunales del Orden Contencioso-Administrativo.

Por tanto, para impedir la aplicación del Impuesto será necesario probar y

Martes, 26 Septiembre 2017 00:00

LOS JUICIOS MEDIÁTICOS

Los juicios mediáticos, tan frecuentes en España en los últimos años y que han dado a la luz a tantos jueces-estrella, están muy presentes en un artículo y en un reportaje aparecidos juntos, de manera casual, en el diario “El País” del pasado diecisiete de agosto.

El reportaje tiene como protagonista a Dña. Mercedes Coghen, procesada y absuelta en el caso “Noos” y el artículo de opinión es de D. José Andrés Rojo.

D. César Albiñana Garcia Quintana, quien lo fue todo en el Ministerio de Hacienda, creó allá en los años 60 las que el mismo llamo "diligencias para interrumpir la prescripción". Ahora el Sr. Montoro, parece resucitarlas para satisfacer a Ciudadanos.

La creación del Sr. Albiñana no tuvo éxito porque los Tribunales de Justicia consideraron, con buen criterio, que aquellas diligencias eran diligencias-argucias que no interrumpía la prescripción porque ese era su único propósito.

Como quiera, que esta doctrina Jurisprudencial fue posterior a la creación del Sr. Albiñana, es previsible que el mismo actuara con ingenuidad pero no con desfachatez.

Como quiera que esta doctrina es anterior al acto de resucitamiento del Sr. Montoro, hemos de concluir que el Sr. Montoro ahora actúa con desfachatez y sin ingenuidad.

Os dejamos a continuación el artículo "COMENTARIOS TRIBUTARIOS DE LEGISLACIÓN,  JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA. ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA. 3º TRIMESTRE DE 2016"  escrito por el Socio Director de este despacho D. Antonio Delgado González y al cual podéis acceder en el siguiente enlace:

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Martes, 25 Octubre 2016 00:00

NOTICIAS JURÍDICAS DESTACADAS OCTUBRE 2016

En el diario Expansión del día 28 de septiembre de 2016 se nos daba noticia de que: "El Pleno del Congreso aprobó que los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 tributen efectivamente al tipo del 10% establecido en la normativa que lanzó el proceso en lugar del 3% que finalmente reclamó Hacienda, puesto que el 30 de noviembre prescribirán las declaraciones".

Se añadía que: "El portavoz de Ciudadanos, Francisco de la Torre subrayó que se recaudaron sólo 1.193 millones de euros de los 40.000 millones de euros aflorados, lo que supuso un tipo efectivo inferior al 3% y no del 10% como establecía el Real Decreto-Ley. Y se hizo en virtud de un Informe de la Dirección General de tributos de Hacienda sin rango normativo y sin firma".

 

 

De otra parte, el diario "El País" del 16 de octubre de 2016, en su página 42 contenía una entrevista con Don José Luis Groba, Presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, entre otras, con estas dos preguntas y estas dos respuestas:

Os dejamos a continuación el artículo "NOTAS CRÍTICAS SOBRE ALGUNAS DE LAS MODIFICACIONES LLEVADAS A CABO POR LA LEY 34/2015 DE 21 DE SEPTIEMRE DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA" publicado en la revista "Quincena Fiscal" de Aranzadis escrito por el Socio Director de este despacho D. antonio Delgado González y al cual podíes acceder en el siguiente enlace:

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LAS MEDIDAS CAUTELARES. ART. 81 L.G.T.

Las medidas cautelares, como garantías de la deuda tributaria, están previstas y reguladas en el artículo 81 de la Ley General Tributaria (LGT).

De cuatro aspectos de las mismas nos vamos a ocupar en la presente nota.

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