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01 Dic

La Ley Concursal establece distintos plazos para que los acreedores de una sociedad que es declarada en concurso, comuniquen la existencia de su crédito con el objeto de que se les reconozca como acreedores concursales y puedan participar del convenio o liquidación.

En principio, el crédito debe ser comunicado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOE del auto de declaración de concurso, a fin de que sea incluido en la lista de acreedores del informe de la Administración Concursal. No obstante, se permite la comunicación transcurrido este plazo, aunque con determinadas consecuencias, entre ellas la posible clasificación del crédito como subordinado. Esta comunicación tardía puede tener lugar, grosso modo y cuestiones procesales aparte, entre el plazo señalado anteriormente y la entrega del informe provisional, o entre éste y el informe definitivo.

Pero, ¿qué ocurre con los créditos que no han sido comunicados en ninguno de los anteriores plazos?

La consecuencia será su no reconocimiento como crédito concursal. Sin embargo, esta ausencia de comunicación y de inclusión en el listado de acreedores no supone la extinción automática del crédito, si bien no podrá producir efecto alguno dentro del concurso, perdiendo el derecho a ser reintegrado con cargo a la masa activa, sin posibilidad de ser satisfecho en la liquidación concursal ni por ejecución de convenio y, en definitiva, quedando privado de todos los derechos que el reconocimiento del crédito le conferiría en el concurso. No obstante, para garantizar la par conditio creditorum, los efectos novatorios de un posible convenio (quitas y/o esperas), sí alcanzarían al crédito no reconocido, quedando vinculado por la sentencia que aprobase el convenio.

Por todo ello, aunque la falta de comunicación no extinga el crédito, el acreedor únicamente podrá instar la efectividad del mismo si, una vez finalizado el concurso, tras la liquidación concursal o por ejecución del convenio, hubieran sido pagados todos los créditos concursales y siempre, claro está, que exista remanente.

20 Feb

La indemnización a recibir por la parte vencedora en un litigio correspondiente por la condena en costas tributa como ganancia patrimonial a incluir en la base imponible general y no está sometida a retención a cuenta del IRPF.

Así lo confirma la Dirección General de Tributos en consulta vinculante de 25 de febrero de 2016.

No obstante, la Dirección General de Tributos no se pronuncia sobre el importe a considerar como tal ganancia. Consideramos que se tendría que incluir como ganancia patrimonial la diferencia entre el importe percibido por la condena en costas y todos aquellos gastos satisfechos por la parte vencedora del litigio a sus abogados y procuradores.

15 Feb

Ya habíamos informado de esta cuestión en este blog. De las sanciones tan desproporcionadas así como de la imprescriptibilidad de las deudas que resultasen de la no presentación del citado modelo.

La Comisión Europea cree que las multas impuestas por Hacienda a quienes no declaran sus activos en el extranjero o quienes los declaran incorrectamente son desproporcionadas y discriminatorias.

Así lo recoge el titular del Diario El Mundo en su edición de 15 de febrero de 2017.

15 Feb

Otra vez el Tribunal Superior de Justicia de Madrid( uno de los más progresistas del sistema jurídico español) da una buena noticia.

Los importes correspondientes a la anualidad por alimentos en el marco del convenio regulador de separación, satisfechos por uno de los cónyuges tienen un tratamiento fiscal beneficioso en el IRPF. "Rompen" la progresividad del Impuesto, las cantidades satisfechas por tales conceptos.

Pues el Tribunal de Justicia de Madrid ha venido a concluir que por concepto de alimentos se tienen que incluir todos los gastos indispensables para la vida del menor. La anualidad por alimentos va mas allá de lo destinado a la manutención o gastos ordinarios y comprende también lo necesario para el sustento, habitación, vestido , asistencia médica e instrucción del hijo mientras sea menor de edad.

01 Feb

Así es. La Dirección General de Tributos en una reciente consulta vinculante de enero del 2017 ha cambiado el criterio que sostenía desde el año 1986 y los servicios prestados por abogados y procuradores del turno de oficio a los beneficiarios de la justicia gratuita llevan IVA.

El abogado ejerciente en el turno de oficio ha de emitir la factura y repercutir el IVA en la misma al destinario, beneficiario del turno de oficio, con independencia de quién abone tales servicios.

El cambio de criterio está fundado en una Sentencia del Tribunal de Justifica de la Unión Europea de 28 de julio.

30 Ene

El Tribunal Supremo en dos autos ha admitido como cuestión que presenta interés casacional para la formación de jurisprudencia en la Ley de IVA , la relativa al porcentaje de deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de vehículos del 50%.

Esta restricción en la deducción de las cuotas de IVA soportadas por la adquisición de automóviles, junto con la obligación del contribuyente de acreditar el grado de utilización de los mismos en su actividad empresarial o profesional por cualquier medio de prueba admitido en derecho, a juicio de la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal se opone a lo dispuesto en la Directiva comunitaria relativa al sistema común de IVA.

Seguiremos la evolución.

24 Ene

La falta de inclusión en el expediente administrativo remitido a los Tribunales por el órgano que ha dictado el acto impugnado de los documentos en los que la Administración ha fundamentado su regularización constituye una falta de justificación de la realización del hecho imponible lo que constituye un defecto material o sustantivo que da lugar a la anulación de la liquidación sin orden de retroacción.

Ese es el interesante fallo del TEAC del pasado julio.

21 Ene

El umbral actual para exigir deudas tributarias , fijado hace quince años en seis euros, está desfasado. El Tribunal de Cuentas recomienda a Hacienda que suba esa cantidad en un informe.

Ha solicitado a la Agencia Tributaria que deje de cobrar deudas de seis euros y que actualice la cantidad mínima exigible al deudor tributario.

Los motivos , permítanme la expresión “Cuesta el collar más que el perro”, por los costes de gestión de la exacción y cobro de la deuda, que superan, cuando se recauda, los seis euros.

19 Ene

El pasado 24 de noviembre la OCDE presentó el Convenio Multilateral para la implementación de medidas que prevengan la erosión de bases y la deslocalización de beneficios, en los Convenios para evitar la doble imposición y evitar la elusión fiscal.

Lo que persigue la iniciativa es impedir que las empresas multinacionales reduzcan su tributación mediante lo que la OCDE denomina "planificación fiscal agresiva".

Los Estados irán introduciendo de forma automática los principios establecidos en el Convenio Multilateral.

Por tanto, parece que entramos en otra era.

19 Ene

Las notificaciones electrónicas enviadas por Hacienda a los contribuyentes con hojas en blanco son nulas, porque generan indefensión, ha concluido el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de noviembre de 2016.

La notificación por medios telemáticos de los actos administrativos no debe ser un obstáculo para su impugnación, sino que debe facilitar el ejercicio de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, argumenta el Alto Tribunal.

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