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Traemos a este blog una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 29 de junio de 2015 en la cual un iluso contribuyente del IRPF practicó una deducción en la autoliquidación del IRPF del año 2007 por importe de 450'98 Euros, en la parte que entendía de su contribución a la participación en gasto militar.

El contribuyente demandante entendía que la objeción de conciencia fiscal debe ser admitida en el ordenamiento jurídico y pretendía no pagar aquella parte de sus tributos va destinada a sufragar gastos militares ( se basaba en datos estadísticos y teoricos para determinar los 450'98 Euros).

Obviamente el Tribunal desestima la tesis del contribuyente y le condena al pago de las costas procesales.......

POR CARMEN CASTRO: Es bastante común que el propietario de una vivienda, la cual tiene alquilada, actúe de forma unilateral cambiando la cerradura que permite el acceso a la misma como inadecuada forma de resolución del contrato de arrendamiento.

Ahora bien, ¿Cómo se debe calificar esta conducta del arrendador?

El hecho de proceder al cambio de cerradura integra un delito de coacciones previsto en el artículo 172.1 del Código penal. Así queda reconocido también por la jurisprudencia del Tribunal Supremo afirmando que constituyen manifestaciones de este delito conductas de modificación de cosas materiales, como es el cambio de cerradura, realizadas con el fin de impedir a una persona el uso de un bien concreto sobre el cual tiene alguna clase de posesión, aunque sea una simple posesión de hecho. Insiste que para privar a una persona del uso de un inmueble que viene utilizando sin derecho alguno están previstos procedimientos civiles sumarios como interdictos, desahucios por precario, entre otros; sin necesidad de llegar a efectuar este acto.

Miércoles, 11 Noviembre 2015 00:00

LIMITACIONES EN SEGUNDAS COMPROBACIONES TRIBUTARIAS

Os adjuntamos a continuación enlace a sentencia relativa al Recurso 208/2013, defendido por BDLA y resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contenciosos-Administrativo (Sevilla).

En este recurso, y en aplicación del artículo 140.1 de la Ley General Tributaria, se resuelve que la Administración no puede practicar nueva liquidación en base a circunstancias que podría haber comprobado según la documentación ya aportada por el contribuyente o de la que esta disponía por otros medios.

Por lo tanto, la posible práctica de una nueva liquidación quedaría limitada al descubrimiento de nuevos hechos o circunstancias que se dedujeran de información de la que la Administración no disponía en el procedimiento de comprobación limitada previo.

Podéis leer la sentencia en este enlace

En contra del criterio que sostiene la Administración Tributaria (aunque el recurso no verse sobre materia tributaria) es posible presentar nuevas pruebas y plantear nuevas cuestiones en vía de de recurso administrativo.

Podéis leer la sentencia en el archivo adjunto que encontraréis más abajo.

Conforme al art. 140 1 de la LGT, la Administración no sólo  no puede comprobar lo ya comprobado de manera efectiva antes, sino también lo que antes pudo comprobar y no comprobó.

Podéis leer la sentencia en el archivo adjunto a la entrada

Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Comprobación de Valor.

S. Tribunal Supremo, 5 de marzo de 20145 (RJ/2015/1437). Recurso de Casación en interés de ley.

La comprobación de valor de participaciones sociales mediante dictamen de peritos, no puede consistir en la capitalización de rendimientos de la sociedad ya que este es otro medio de comprobación acogido en el artículo 57 a) de la LGT y no se pueden entremezclar distintos medios de comprobación.

Así lo recoge un fallo reciente de la Audiencia Nacional de 20 de julio de 2015.

"Bajo el principio de buena fe, la Administración está obligada a intentar las notificaciones en los domicilios que le consten en territorio español y además a asegurar la efectividad del conocimiento de sus decisiones por residentes en el extranjero"

La ponente de la sentencia destaca el carácter "residual subsidiario, supletorio y excepcional de la notificación mediante edictos, criterio recogido en múltiples sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional

Los menores de edad pueden ser responsables solidarios del pago de una deuda tributaria. Así lo ha confirmado el Tribunal Económico Administrativo Central en una reciente Resolución de mayo de 2015.

Nada impide , a juicio del Tribunal, en el ordenamiento tributario declarar a un menor de edad responsable tributario por haber intervenido en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.

El supuesto analizado es el de un padre , deudor de la Agencia Tributaria, que donó una finca a sus hijos, menores de edad.

No obstante, el Tribunal Económico Administrativo de Madrid, consideró que los menores de edad no podían ser responsables solidarios de las deudas de su padre pues no tenían intención de colaborar con el padre en la ocultación de bienes. ¡Eran niños!

Hacienda recurrió en alzada la Resolución anterior( disparó las alarmas al ver como se cerraba una vía para luchar contra los vaciamientos patrimoniales) y el TEAC ha dado la razón obviamente a Hacienda.

Damos cuenta de una sentencia de la Audiencia Nacional de la que hemos tenido noticia recientemente, de febrero de 2015, en la cual concluye el Tribunal que no es imprescindible que haya una persona empleada con contrato laboral a jornada completa dedicada a la gestión de los arrendamientos, para que los inmuebles destinados al arrendamiento o arrendados se consideren rama de actividad y así la aportación de los mismos a una sociedad no tributaría en el IRPF en el momento de llevarse a cabo la misma, al aplicarse el régimen especial establecido en el Impuesto sobre Sociedades.

En el supuesto analizado en la sentencia , había un contrato de gestión de los inmuebles arrendados en los que se transmitía el uso y disfrute de los mismos una sociedad mercantil que se dedicaba a su explotación.

La Inspección consideró que no se cumplían los requisitos de rama de actividad dedicada al arrendamiento de inmuebles.

El Tribunal Supremo ha realizado una importante aclaración a la sentencia en la que declaraba nulas todas las cláusulas suelo que no cumplieran con los criterios de transparencia y ha concluido que no se restituirán las cantidades cobradas indebidamente por la inserción de esta cláusula en los contratos de préstamo hipotecario anteriores al 9 de mayo de 2013 y que tanta discrepancia estaba causando sobre el asunto entre los jueces por la disparidad de interpretaciones en las sentencias dictadas.

El Alto Tribunal ha apelado al "trastorno económico" que supondría para la banca devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo de hipotecas declaradas abusiva sentando doctrina en este sentido y declarando la irretroactividad de su decisión e insiste en que su sentencia de 9 de mayo de 2013 ya fijó doctrina "para todos aquellos supuestos en que resulte, tras su examen, el carácter abusivo de una cláusula suelo".

Los tribunales favorables a la devolución de las cantidades también se aferraban a que los casos individuales no suponían "el trastorno grave para el orden económico" que invocó hace dos años el Supremo para declarar la irretroactividad de su sentencia. A ello, el Supremo responde que "la afectación al orden público económico no nace de la suma a devolver en un singular procedimiento, que puede resultar ridícula en términos macroeconómicos, sino por la suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en tramitación con análogo objeto".

La sentencia establece que, cuando "se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo (...), procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013".

El Bufete Delgado, Lamet & Asociados tiene una amplia experiencia en la llevanza de procedimientos hipotecarios y de cláusulas suelo, motivo por el cual recomendamos a nuestros lectores que si creen que en su contrato de préstamo hipotecario existe una “cláusula suelo” se pongan inmediatamente en contacto con este Bufete con el fin de estudiar su caso para eliminar la cláusula suelo de su hipoteca y lo que es más importante reclamar las cantidades cobradas indebidamente desde el 9 de mayo de 2013.

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