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Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 98/2018 de 26 de febrero. RJ/2018/635.

1.- Consideración general.

            La retribución de los administradores sociales siempre ha de venir acomodada a lo dispuesto en los estatutos sociales que, como mínimo, han de prever el carácter retribuido de la administración y el sistema de retribución.

            En el marco estatutario la Junta de la sociedad debe ejercer sus competencias sin perjuicio de la autonomía de los administradores, de haber varios, para distribuir entre ellos la retribución, sin perjuicio de las limitaciones que al respecto pueden establecer los estatutos y la Junta.

2.- Los sistemas de retribución, conforme a la ley y a título ejemplificativo, pueden ser: asignación fija; dietas de asistencia; participación en beneficios; retribución variable referenciada a distintos parámetros; entrega de acciones o retribución vinculada a su evolución; indemnizaciones por cese (que no puede estar vinculada al incumplimiento de las funciones de administrador); sistemas de ahorro o previsión, etc.

* Artículo originalmente publicado en el Diario Expansión en su edición de 5 de noviembre de 2018.

 

Es esta la pregunta que a consecuencia del cambio de criterio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre quien tiene la condición de sujeto pasivo del impuesto, tiene soliviantada y expectante a la ciudadanía y en particular a las entidades financieras y ocupados, con inusitado interés, a los medios de comunicación.

Ciertamente, al menos en perspectiva de futuro, la pregunta es un tanto ingenua pues, de un modo u otro, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados lo pagará el prestatario y no las entidades financieras, probablemente a través de la subida de los intereses u otros conceptos para evitar que la traslación de la carga impositiva pudiera ser calificada como una cláusula abusiva al amparo del art. 89 de la Ley de Defensa de los Consumidores.

La traslación económica de los tributos que gravan la actividad económica es algo bien conocido y acreditado por más que de manera sorprendente se ignore con frecuencia por el legislador a la hora de establecer los tributos o modificar los mismos.

Ello sucede cuando el obligado a pagarlos a la Hacienda Pública tiene la posibilidad de repercutirlos a terceros por tener poder de mercado para ello. En definitiva, por tener poder para fijar los precios.

Es evidente que las entidades financieras tienen en gran medida, sino en toda ella, este poder al actuar las mismas en un mercado oligopolista, con muy pocos actores cuyo número, además, se ha ido reduciendo en los últimos años.

Ocupémonos ya de quien ha de ser considerado como sujeto pasivo del impuesto por la constitución de la hipoteca. En definitiva quién debe pagar el impuesto a las distintas Haciendas Públicas de las Comunidades Autónomas que lo recaudan.

OBJETO DE LA SENTENCIA. -

Determinar si el medio de comprobación consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, es ajustado a derecho. Art. 57 1 b) LGT.

DOCTRINA. -

El valor real de los bienes y por tanto la base imponible del ITP y AJD no puede determinarse mediante la aplicación de este medio.

COMENTARIO. -

El valor real es el valor de mercado.

Para determinar dicho valor, se ha de atender a los precios medios existentes en el mercado (valores de mercado) que se han de ajustar conforme a las características objetivas del bien transmitido (estado de conservación, situación, arrendamiento, etc.

El medio de comprobación enjuiciado, por su generalidad, no sirve para determinar el valor real del bien.

A nuestro juicio, la doctrina establecida en la Sentencia es correcta.

Recurso de Casación 2070/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco José Navarro Sánchez

  1. Precepto interpretado: Artículo 32 1 Ley 35/2006 de 28 de noviembre del IRPF.

“Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por 100.

El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimiento”.

Miércoles, 10 Enero 2018 00:00

VARAPALO DEL TRIBUNAL SUPREMO A HACIENDA

Varapalo del Tribunal Supremo a la voracidad recaudatoria de la Agencia Tributaria manifestada en la masiva imposición de sanciones tributarias.

La Sentencia de diciembre de 2017 recoge :

"la exigencia de motivación no se satisface con una larga exposición de hechos y resumen de alegatos, requiere un precioso , puntual y concreto análisis de la conducta del infractor..."

El mero quebrantamiento de la norma fiscal no implica la culpabilidad en el infractor, ni tan siquiera a título de negligencia. Es necesaria la presencia del elemento subjetivo en la culpabilidad, mediante la motivación del expediente sancionador.

No vale el mero automatismo para sancionar, como tantas veces sucede y de lo que se extraña el Alto Tribunal.

Por tanto, buena Sentencia

Las notificaciones electrónicas enviadas por Hacienda a los contribuyentes con hojas en blanco son nulas, porque generan indefensión, ha concluido el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de noviembre de 2016.

La notificación por medios telemáticos de los actos administrativos no debe ser un obstáculo para su impugnación, sino que debe facilitar el ejercicio de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, argumenta el Alto Tribunal.

El Tribunal Supremo en dos autos ha admitido como cuestión que presenta interés casacional para la formación de jurisprudencia en la Ley de IVA , la relativa al porcentaje de deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de vehículos del 50%.

Esta restricción en la deducción de las cuotas de IVA soportadas por la adquisición de automóviles, junto con la obligación del contribuyente de acreditar el grado de utilización de los mismos en su actividad empresarial o profesional por cualquier medio de prueba admitido en derecho, a juicio de la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal se opone a lo dispuesto en la Directiva comunitaria relativa al sistema común de IVA.

Seguiremos la evolución.

Hacienda : No vale "pájaro que vuela a la cazuela". Es decir, no toda liquidación provisional, acta de inspección, que resulte cuota a ingresar, debe de llevar inexorablemente una sanción a ingresar a la Hacienda Pública. No.

Eso es lo que viene a sostener el Tribunal Supremo en dos recientes Sentencias que traemos a colación .

Sentencia de 28 de abril de 2016 y Sentencia de 4 de julio de 2016, , en las cuales el Alto Tribunal viene a concluir que el ´órgano sancionador debe en primer lugar probar la culpabilidad del contribuyente y tiene la carga de ello y además debe valorar la intencionalidad concreta del contribuyente en la conducta que se le imputa, no siendo suficiente la simple y genérica afirmación que siempre es la misma, por el corta y pega, de que no se aprecian dudas interpretativas razonables.

Por tanto, damos la bienvenida al criterio del Tribunal Supremo.

En una reciente e importante Sentencia del Tribunal Supremo ha resuelto una cuestión que venía siendo un quebradero de cabeza para las familias empresarias. La siguiente :

Para aplicar la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones no será necesario que los herederos( descendientes) titulen participación alguna en el capital social de la empresa en cuestión. En su lugar, con ser directivos, podrían aplicar la bonificación.

Por tanto, el heredero no tiene por que ser socio previamente para aplicar la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones como concluye el Alto Tribunal.

Damos la bienvenida al fallo del Tribunal Supremo.

El valor de adquisición a efectos de determinar la ganancia patrimonial derivada de la venta de un inmueble es el valor real por el que se adquirió ese inmueble. Si este valor de adquisición fue comprobado a efectos del ITPAJD, por la correspondiente Consejería de Hacienda de la correspondiente Comunidad Autónoma, se tomará este, al vincular a la Administración.

Eso es lo que viene a confirmar el Tribunal Supremo en una sentencia de diciembre de 2015 , que confirma otra de de enero del mismo año.

Por tanto, "para las duras y las maduras" debe de prevalecer el valor comprobado a efectos del ITPAJD para determinar la ganancia patrimonial a efectos del IRPF derivada de la transmisión del citado inmueble.

Por tanto, buena Sentencia del Alto Tribunal

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