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Jueves, 27 Noviembre 2014 00:00

NOTICIAS JURÍDICAS DESTACADAS NOVIEMBRE 2014

"El PSOE pide auditar la amnistía fiscal para detectar corruptos"

Expansión lunes 3 de noviembre de 2014, página 29.

¿Conoce Don Pedro Sánchez el principio de confianza legítima?

A la luz de su propuesta parece que no, sin perjuicio de que sea un principio esencial en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

Y parece que no porque si lo conociera no haría o no debería hacer la propuesta hecha.

La amnistía fiscal que no es tal sino una regularización fiscal parcial "low cost" no resiste el más mínimo juicio ético además de ser una chapuza tal como fue articulada, pero la articuló el Estado, es decir fue legal, ante su incapacidad para controlar el fraude fiscal y por sus necesidades recaudatorias.

Recientemente, el Tribunal Supremo en Sentencia de 2 de octubre de 2014 ha puesto fin al litigio sobre la herencia del galardonado con el premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela.

Fue un 17 de enero de 2002 cuando nos dejaba este escritor universal y uno de los grandes literatos del Siglo XX. Pero antes de su muerte, este genio de las letras escribiría, en el año 1991, una “novela” más que incorporar a su prolífico legado literario, aunque esta vez sería ante notario.

Mediante testamento, entre otras manifestaciones, fue recogido lo siguiente: “declara el testador que ha donado a su hijo el cuadro, al óleo, sin título pero conocido por El cuadro rasgado del que es autor el pintor Joan Miró y que éste había dedicado al testador como consta al dorso de dicho cuadro, por lo que reconociendo a su nombrado hijo como legitimario, nada le deja en este testamento, al ser voluntad del otorgante que con dicha donación, de incalculable valor, su hijo se dé por totalmente pagado de todos sus derechos en la herencia del testador”. Además “instituye heredera a su cónyuge”.

Martes, 30 Septiembre 2014 00:00

¡¡¡OJO EXPROPIADOS!!!

Interesante la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2014 sobre la imputación temporal del beneficio derivado de una expropiación por parte de un organismo público.

El beneficio derivado de la expropiación, a juicio del Alto Tribunal, se sitúa cuando la Administración ocupó la finca y pagó, al menos parte del justiprecio. Y ello, sin perjuicio de que el expropiado recurra en la mayoría de las ocasiones el importe del justiprecio y el aumento del mismo, se abone en ejecución de sentencia posteriormente.

Tal como habíamos adelanto en este blog, algunos preceptos del actual régimen de operaciones vinculadas serían, o bien revisados por el Ejecutivo en la reforma fiscal o como en este caso ha acabado siendo, anulados por el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo, se reafirma en su sentencia del 9 de mayo en la que dictaminó que las cláusulas de suelo que carezcan de transparencia son nulas y desestima el incidente de nulidad promovido por BBVA, Cajamar y Nova Galicia ya que asegura que únicamente la posible vulneración de los derechos fundamentales puede ser objeto de esta figura legal, algo que no ocurre en este caso, en el que considera que no se menoscabó el derecho a la tutela judicial efectiva.

Recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre un interesante caso que tenía como protagonistas a Raúl Baena, futbolista del RCD Espanyol y al FC Barcelona.

Baena, jugador nacido en Torrox (Málaga) es descubierto por los ojeadores del FC Barcelona cuando formaba parte de las categorías inferiores del Málaga CF e incorporado en 2002, con solo 14 años, a la cantera culé. Como suele ocurrir en este tipo de casos, los menores suelen firmar un contrato “tipo”  con las siguientes características. Se firma un contrato como “no profesional” valedero hasta 2010, con una penalización de 30.000 € en caso de que el jugador decidiera romperlo unilateralmente, al mismo tiempo se firma un precontrato como profesional que se haría efectivo para cuando alcance la mayoría de edad estableciéndose una indemnización de  tres millones de euros en caso de que dicho contrato no se firme.

En 2007, cuando el jugador cumple 18 años decide no firmar este contrato y deposita los 30.000 € que especificaba su clausula en un Notario para liberar su ficha y firma por el RCD Espanyol, lo que le lleva al FC Barcelona a demandar al futbolista solicitándole casi 3,5 millones por incumplimiento de contrato y cláusula penal resarcitoria, correspondiente a los 3 millones de euros establecidos en el pre-contrato firmado + el IPC.

Como hemos podido leer en Jurisevilla, el pago de las cuotas de un préstamo hipotecario que grave la vivienda conyugal no puede considerarse una carga propia del matrimonio y colocarse a cargo del padre en caso de divorcio, por lo que la sentencia que determine el divorcio deberá repartir la carga de su pago entre las dos partes.

Lo establece así el Tribunal Supremo en una sentencia con fecha de 26 de noviembre de 2012, de la que es ponente el magistrado Seijas Quintana, que resuelve el caso de un matrimonio en régimen de separación de bienes.

La sentencia recurrida, que el Supremo revoca, condenó al marido a pagar la hipoteca de la vivienda familiar. Ante tal decisión, el recurrente formuló recurso de casación contra la sentencia que le obligó a asumir el cien por cien del pago de la hipoteca, al considerar que tal decisión iba en contra de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de julio de 2012, considera que son deducibles en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de un torero, al tener la naturaleza de gastos de promoción, los gastos derivados de la compra de entradas en los espectáculos en los que interviene como “matador” para regalar las mismas a periodistas, medios de comunicación, representantes de otros toreros, empresarios y general personas claves en la contratación dentro del mundo taurino.

Son gastos, de promoción,  que si bien no son necesarios son “convenientes” y “conforman un elemento promocional de su actividad y que tienen un impacto evidente en la posibilidad de ser contratado, bien para más plazas bien para plazas de mayor categoría”, recoge el Fallo.

“El Supremo pide a Gallardón refuerzo para recaudar 4.000 millones de pleitos fiscales”.

Este es el titular  del reportaje de Julio M. Lázaro  publicado en el diario “El País”, del pasado 9 de abril.

El reportaje empieza dándonos la siguiente noticia: “La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo recaudó durante 2011 casi 1.700 millones de euros en ingresos directos por Sentencias “plenamente favorables” a la Administración pública en distintos litigios fiscales”.

Más adelante se nos informa de que “la cifra aportada a las arcas del Estado en el año 2011 por la Sección que se encarga de Derecho Tributario  duplica las previsiones más optimistas formalizadas por el magistrado José Manuel Sieira el pasado noviembre en un encuentra abierto con los medios de comunicación”.

Entonces Sieira dijo que a la vista de los 322 millones de euros generados en los últimos cinco meses de 2010, en una anualidad podría llegarse “a los 700  u 800 millones de euros” de recaudación por Sentencias firmes favorables a la Administración Pública.

Este es el titular  del reportaje de Julio M. Lázaro  publicado en el diario “El País”, del pasado 9 de abril.

El reportaje empieza dándonos la siguiente noticia: “La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo recaudó durante 2011 casi 1.700 millones de euros en ingresos directos por Sentencias “plenamente favorables” a la Administración pública en distintos litigios fiscales”.

Más adelante se nos informa de que “la cifra aportada a las arcas del Estado en el año 2011 por la Sección que se encarga de Derecho Tributario  duplica las previsiones más optimistas formalizadas por el magistrado José Manuel Sieira el pasado noviembre en un encuentra abierto con los medios de comunicación”.

Entonces Sieira dijo que a la vista de los 322 millones de euros generados en los últimos cinco meses de 2010, en una anualidad podría llegarse “a los 700  u 800 millones de euros” de recaudación por Sentencias firmes favorables a la Administración Pública.

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